Formosa Ahora

17 de NOV de 26

17-11-2026 | Locales

SE SOLICITO AL GOBIERNO NACIONAL QUE PARA LAS RUTAS NACIONALES 11, 81 Y 86, SUSCRIBA CONTRATOS CREMA POR CINCO AÑOS EN LUGAR DE LAS LICITACIONES IMPULSADAS








-Los Contratos CREMA (Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento), son las herramientas más utilizadas y probadas cuando NO HAY NEGOCIO PARA EL PEAJE TRADICIONAL, por su baja transitabilidad, por lo que, el Estado Nacional licita las trazas a una empresa privada, por un plazo generalmente 5 a 10 años, sin cobrar peaje a los usuarios-

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se advirtió que la Concesión de las Rutas Nacionales 11, 81 y 86, por su actual caudal vehicular, se convierte en una decisión del Gobierno Nacional inviable, pues aún cobrando peajes exorbitantes, los mismos serán insuficientes para cubrir mínimamente los gastos que demanden repavimentar, mantener y ampliar estas trazas. Si bien no desconocemos que el Estado Nacional prevé: 1) Explotaciones Colaterales (Decreto 1358/2026): donde los futuros contratos autorizan a las empresas concesionarias a generar ingresos adicionales mediante negocios vinculados a la traza, como paradores, áreas de servicios, estaciones y publicidad. 2) Concesiones Contiguas: el diseño del esquema permite que empresas que ya operan corredores troncales rentables absorban tramos secundarios cercanos, amortizando costos al compartir obradores, maquinaria y estructura operativa. 3) Proyecto "RIIVE" (RIGI Vial): en el Congreso, el oficialismo ha presentado el proyecto de Régimen de Incentivo de la Infraestructura Vial Estratégica con respaldo del Ministerio de Economía, esquema que busca replicar los beneficios fiscales y aduaneros del RIGI (reducción de impuestos y estabilidad fiscal) específicamente para atraer operadores privados a rutas de tránsito medio y bajo, entendemos que, para que Formosa vuelva a tener rutas seguras, “una de las mejores alternativas es que el Estado Nacional firme Contratos CREMA en lugar de las licitaciones”. Al mismo tiempo, Gialluca denunció que, el Gobierno Nacional “impulsa el traspaso al sector privado de las rutas nacionales en Formosa bajo la Ley Bases (27.742) y la Ley de Concesiones (17.520), para sostener el déficit cero, reducir costos logísticos y recuperar una red deteriorada sin comprometer recursos fiscales, lo que deviene totalmente impracticable”. Así, entidades como la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) estimaron en USD 23.000 millones, el costo acumulado para rehabilitar la red vial, mientras que organizaciones de usuarios como el CONADUV y cámaras empresariales (como CAME) advierten que en los corredores de bajo tránsito las concesiones sin subsidios derivan en tarifas de peaje muy elevadas para pocos usuarios, falta de caminos alternativos gratuitos o mantenimiento meramente cosmético. Por esto, la Secretaría de Transporte tendrá 12 meses para convocar una licitación pública nacional e internacional, pero lo que el decreto del P.E.N. no dice es qué, exactamente, se va a licitar. El anexo del decreto ocupa una sola página, tiene dos columnas, provincia y número de ruta, y nada más: ni progresivas, ni kilómetros, ni cabeceras. Se trata de 27 rutas y de cada una puede salir la traza completa, un tramo o nada, siendo el único requisito un informe técnico previo de Vialidad Nacional. Esta misma secretaría aprobará los pliegos, convocará la licitación, designará las comisiones evaluadoras, calificará a los oferentes, resolverá las impugnaciones y adjudicará, “es decir, dibuja el mapa, escribe las reglas y elige al ganador”. Por otra parte, Vialidad Nacional que iba a desaparecer, queda con dos funciones: firmar los informes técnicos previos a cada tramo y controla a los concesionarios después. Ahora, con qué estructura y con qué personal lo hará, es una de las preguntas que el decreto no responde. El llamado será, otra vez, “nacional e internacional”. La experiencia de las etapas anteriores sugiere que el adjetivo pesa poco, ya que, en las etapas anteriores, los corredores quedaron en manos de grupos locales, como Grupo Corven, CPC -la constructora de Cristóbal López-, la de la familia Cartellone, Basaa y Cecosa. Esto se repite y el capital extranjero, “únicamente aparece solo como socio técnico o minoritario y nunca como líder de algún consorcio”.

Se adjunta fotografía. -




© Copyright