DEFENSORES DE TODO EL PAIS DEMANDARON AL GOBIERNO NACIONAL Y AL SENADO LA INTEGRACIÓN DE LA CSJN Y DESIGNACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina(ADPRA), solicitó al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y al Honorable Senado de la Nación que avancen sin más demoras en la cobertura de las dos vacantes de la CSJN y en la designación definitiva del Procurador General de la Nación, mediante los procedimientos que establecen el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional y la Ley N° 27.148, Orgánica del Ministerio Público Fiscal. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, en su carácter de Vicepresidente, recordó que, la Ley N° 26.183 fija en cinco (5) el número de jueces de la CSJN, integración que el tribunal no tiene desde noviembre de 2021, cuando se produjo la renuncia de la jueza Elena Highton de Nolasco y que se redujo nuevamente en diciembre de 2024 con el cese del juez Juan Carlos Maqueda. Las designaciones en comisión dispuestas por el Decreto N° 137/2025, con invocación del artículo 99, inciso 19, de la C.N., no obtuvieron el acuerdo del Senado, de modo que desde abril de 2025 el máximo tribunal funciona con tres (3) integrantes. De acuerdo con la información pública disponible y revisada por ADPRA, el PEN resolvió no remitir durante el corriente año propuestas para la Corte ni para la Procuración General, lo que extiende esta situación al menos hasta 2027. El Decreto-Ley N° 1285/58 establece que las decisiones de la Corte se adoptan por la mayoría absoluta de los jueces que la integran, siempre que coincidan en la solución del caso. Con tres miembros en funciones esa mayoría solo se alcanza por unanimidad y cada disidencia obliga a convocar conjueces para completar el tribunal en la causa concreta. Un mecanismo concebido para cubrir ausencias puntuales se ha transformado así en una vía habitual de integración, con dos consecuencias directas: agrega una etapa al trámite de las causas en las que no hay acuerdo entre los tres jueces y hace que el sentido de decisiones de alcance institucional dependa de una composición que varía de un expediente a otro. Las persistencias de una CSJN integrada por solo tres de los cinco miembros previstos por la Ley constituyen, a juicio de ADPRA, una grave debilidad institucional para nuestro país. La integración incompleta del máximo tribunal reduce la pluralidad de la deliberación y profundiza la incertidumbre sobre la oportunidad y previsibilidad de las decisiones judiciales, afectando la seguridad jurídica y la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia. La cobertura de las vacantes requiere una respuesta urgente del Poder Ejecutivo Nacional y del Honorable Senado de la Nación. Solo para dimensionar: Durante 2025 la Corte dictó 15.700 sentencias y resolvió 28.900 causas, el volumen más alto de su historia. El dato refleja la carga de trabajo que hoy recae sobre tres magistrados y no reemplaza la deliberación entre cinco jueces de trayectorias diversas que la ley prevé para el máximo tribunal, en especial en las causas en que se ejerce el control de constitucionalidad de normas de alcance general. La Procuración General de la Nación: El cargo de Procurador General de la Nación se encuentra vacante desde el 31 de diciembre de 2017, fecha en que se hizo efectiva la renuncia de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó. Desde entonces la Jefatura del Ministerio Público Fiscal es ejercida en forma interina por el Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de mayor antigüedad, sin que los pliegos remitidos al Senado en 2018 y en 2020 hayan sido aprobados y sin que exista en la actualidad una propuesta en trámite. La extensión del interinato coincide con una etapa de exigencias crecientes para el Ministerio Público Fiscal, que debe conducir la implementación progresiva del sistema acusatorio previsto en el Código Procesal Penal Federal, en el cual los fiscales asumen la dirección de la investigación, sustanciar los concursos para cubrir las fiscalías vacantes y dictaminar ante la Corte Suprema en causas de trascendencia institucional. Las propuestas de reforma de la ley orgánica actualmente en discusión, incluidas las referidas a la duración del mandato del Procurador General, corresponden al ámbito de decisión del Congreso de la Nación y su tratamiento no suspende la obligación de cubrir el cargo conforme al régimen vigente, en virtud de lo expuesto, ADPRA Solicitó: 1) Al Poder Ejecutivo Nacional: remitir sin dilación al Honorable Senado de la Nación propuestas para cubrir las dos vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y para la designación del Procurador General de la Nación, aplicando los mecanismos de preselección y publicidad correspondientes y consignando en la remisión la documentación exigida por las normas reglamentarias (declaraciones juradas, antecedentes, y demás pruebas de idoneidad). 2) Al Honorable Senado de la Nación: dar tratamiento a los pliegos remitidos en plazos que permitan un ejercicio efectivo del debate parlamentario, con audiencias públicas en las que la ciudadanía, universidades, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil puedan presentar observaciones fundadas. Se solicita que el tratamiento preserve la exigencia legal de mayoría calificada cuando corresponda y que las deliberaciones sean públicas y fundadas. 3) A ambos poderes: que las designaciones procuren criterios de diversidad (género, especialidad y procedencia regional) en línea con las pautas de representación federal que han sido recomendadas en los procedimientos administrativos y reglamentarios de selección.