EL GOBIERNO NACIONAL DETERMINÓ PRECIOS A LOS ESTUDIOS PARA TRASPLANTES, OFICIALIZANDO UN ARANCELAMIENTO EN EL INCUCAI

-La Defensoría del Pueblo impugnó las Resoluciones del INCUCAI que los fijan, adelantando que de no obtener respuesta favorable concurrirá a la Justicia Federal, es que la mercantilización de la salud y el desfinanciamiento del sistema, constituyen lo más grave de esta decisión, que coloca en riesgo un modelo de trasplante público en la argentina, que fue siempre equitativo y reconocido a nivel mundial-

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa interpuso un Recurso de Reconsideración para obtener la nulidad las Resoluciones N° 235 y 236/2026 del INCUCAI, las cuales imponen aranceles a estudios de histocompatibilidad y análisis de alta complejidad para trasplantes. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que el arancelamiento de hasta $ 979.000 para estudios de compatibilidad viola la "Ley Justina" (N° 27.447), el principio de gratuidad del sistema de trasplantes y el derecho a la salud, al establecer barreras financieras a la vida. Se alertó sobre la flagrante desprotección de los pacientes en vías de trasplante y el total desconocimiento de la existencia de la Ley N° 26.928 de Protección Integral para Personas Trasplantadas, que garantiza la cobertura del 100% de estas prestaciones a este tipo de enfermos altamente vulnerables. Desde el punto de vista del Derecho Internacional, el Organismo de la Constitución, en su presentación, denunció la violación del principio de no regresividad consagrado en el Pacto de San José de Costa Rica y otros Tratados con Jerarquía Constitucional, que establece que “no se puede empeorar las condiciones de asistencia a este colectivo social tan sensible.” Gialluca, calificó de "aberración jurídica" al nuevo cuadro tarifario y de pretender ser impuesto teniendo en miras una lógica mercantilista y meramente recaudatoria, sin considerar que lo que está en juego son vidas humanas. El recurso administrativo presentado, exige la revocación total de las medidas para mantener la absoluta gratuidad de todo el tratamiento de los pacientes en vías de trasplante. En caso de rechazo por parte del Directorio del INCUCAI que Preside el Dr. Carlos Soratti, se interpuso el Recurso Jerárquico en subsidio ante el Ministerio de Salud de la Nación. Finalmente, el Defensor hizo expresa reserva de acudir a la Justicia Federal y radicar las denuncias penales por abandono de persona contra los funcionarios responsables, si las normas impugnadas no se dejan sin efecto de inmediato o comienzan a aplicarse, toda vez que, el INCUCAI comenzará a cobrar a las obras sociales y empresas de medicina prepaga los estudios y prácticas realizados por su Laboratorio Nacional de Inmunogenética, medida oficializada el lunes pasado mediante la Resolución 235/2026, publicada en el B.O., y que entrará en vigencia dentro de 30 días. El nuevo esquema establece que las prestaciones vinculadas a trasplantes de órganos, tejidos y células serán facturadas a las entidades responsables de la cobertura sanitaria de cada paciente. En tanto, las personas que cuenten únicamente con cobertura pública continuarán accediendo a estos estudios sin costo, ya que serán financiados a través del Fondo Solidario de Trasplantes. En los fundamentos de la resolución, el INCUCAI sostuvo que las prestaciones requieren equipamiento de alta complejidad, insumos específicos y recursos técnicos que actualmente son financiados en su totalidad por el organismo. Entre ellas, la inscripción de un paciente en lista de espera para un trasplante de órgano sólido tendrá un costo de $ 514.000, mientras que un estudio de HLA y anticuerpos anti-HLA para pacientes de células progenitoras hematopoyéticas costará $ 979.000.