DEFENSORES DEL PUEBLO EXIGEN AL GOBIERNO NACIONAL UN PLAN DE CONTINGENCIA INMEDIATO ANTE EL VACIAMIENTO DEL PROGRAMA REMEDIAR
-Gialluca denunció que, el Gobierno Nacional “promueve un Colapso Sanitario”, con la interrupción del Programa Remediar, los ajustes presupuestarios al PAMI, el intento de modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad, “disfrazándola de un supuesto fraude”, desregulando los aranceles, donde se “pretende que con una pensión que ronda los $ 300 mil, los beneficiarios puedan sobrevivir”, más el desmantelamiento en lo que respecta a los insumos de salud reproductiva y sexual, el Proyecto de Ley Nacional de Salud Mental, “siendo que a la fecha falta la asignación del 10% del gasto total de salud, estipulado por ley para este sector”, buscando "desmantelar avances", facilitando el encierro y estigmatizando nuevamente a los pacientes-
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, en su carácter de Vicepresidente de la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), entidad que nuclea a las Defensorías del Pueblo provinciales, municipales y especializadas del país, demandaron al Gobierno Nacional, la presentación inmediata de un plan de contingencia que garantice la provisión ininterrumpida de medicamentos esenciales en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de todo el país, ante la decisión del Ministerio de Salud de la Nación de reducir el Programa Remediar en enfermedades crónicas de alto impacto -cardiopatías, hipertensión arterial y accidentes vasculares cerebrales- dejando sin cobertura farmacológica gratuita a los 19 millones de personas que dependen exclusivamente del sistema público de salud. El Programa Remediar fue creado en 2002 y se consolidó como la principal herramienta de provisión de medicamentos del primer nivel de atención. Sus botiquines, distribuidos mensualmente en 7.800 CAPS de todo el territorio nacional, contenían 72 presentaciones farmacológicas que permitían dar respuesta, aproximadamente, al 85% de las consultas ambulatorias. El proceso de desfinanciamiento sostenido, que derivó en el anuncio de abril de 2026, redujo las entregas más de un 55% promedio en las provincias, además de que estas debieron realizar compras de emergencia con presupuestos propios para sostener la provisión que el Estado Nacional fue retirando. ADPRA registró en todo el país, consultas de personas que concurren a los centros de salud y no encuentran medicación para sostener sus tratamientos. La interrupción de los mismos deriva en descompensaciones, agravamiento de cuadros clínicos e internaciones evitables que presionan sobre las guardias hospitalarias del sector público de cada provincia. Esta situación se agrava en un contexto en que la pérdida de coberturas de obras sociales y medicina prepaga incrementa la demanda sobre el citado, al que simultáneamente se le retira su principal herramienta de provisión farmacológica. La transferencia de responsabilidades a las provincias no puede operar como un mecanismo encubierto de reducción de la cobertura efectiva. El principio de no regresividad, reconocido en los tratados internacionales con jerarquía constitucional y en la jurisprudencia de la CSJN, exige que cualquier modificación en los niveles de protección alcanzados, venga acompañada de garantías reales de continuidad. Una reforma que en los hechos desplace hacia las jurisdicciones provinciales el costo de medicamentos que antes financiaba el Estado Nacional, sin acuerdo federal ni recursos adicionales, es una reducción de cobertura con otro nombre. Por ello, se Instó al Ministerio de Salud de la Nación a presentar con carácter urgente un plan de contingencia para el período mayo-agosto que garantice la provisión ininterrumpida de medicamentos esenciales en los CAPS de todo el país; a publicar el nuevo vademécum y los criterios técnicos que determinaron la redefinición del alcance del Programa; y a establecer un mecanismo de articulación federal que asegure que las provincias cuenten con los recursos necesarios para asumir la provisión que se les transfiere, evitando así que la reforma derive en mayor desigualdad sanitaria entre jurisdicciones. Un Estado Nacional que se retira de la provisión de medicamentos está desamparando a los sectores más vulnerables de su población e ignorando que detrás de cada patología hay una persona humana, que no puede pausar su tratamiento hasta septiembre.
