ADVIERTEN QUE LA SECRETARIA DE DISCAPACIDAD DICTÓ MEDIDAS ILEGÍTIMAS QUE TIENEN POR OBJETIVO LA QUITA DE PENSIONES

-Gialluca denunció que el Presupuesto Nacional no contempla las partidas presupuestarias que exigen la ley de discapacidad y por ello, el Gobierno Nacional impulsa eliminaciones y bajas de pensiones mediante la Resolución Nº 1/2, prevé un mecanismo de revisión de las pensiones (auditorías encubiertas), cuando el mismo debe surgir de la necesaria intervención del Consejo Federal de Discapacidad (CoFeDis), conforme lo dispone la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad Nº 27.793 dictada por el Congreso de la Nación, que establece los presupuestos mínimos para que las -Auditorías Nunca Más- vuelvan a ser realizadas de la manera irracional, inmoral e ilegal como lo hicieron en el 2025 en nuestra provincia-
Tuvo lugar en la sede de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, una -Reunión de Trabajo- que contó con la presencia de la Titular de la Dirección de Personas con Discapacidad, Lic. Susana Jara; la Presidenta de la Asociación Camino Azul TEA – Formosa, Florencia Santa Cruz, el Diputado Provincial Hugo Arrua y la Asesora Legal del Instituto de Pensiones Sociales, Dra. Norma Chavez, quienes fueron recibidos por el Defensor del Pueblo de la Provincia, Dr. José Leonardo Gialluca, secundado por el Secretario Letrado, José Porfirio García y cuerpo de asesores legales del Organismo de la Constitución. Los presentes analizaron la recientemente dictada Resolución Nº 1/2026 de la flamante Secretaría de Discapacidad (Ex. ANDIS), no sin antes remarcar que se han retrocedido más de 40 años en la concepción de las personas con discapacidad, pues se disolvió la ANDIS que era autónoma, para dejar al área competente bajo la esfera del Ministerio de Salud de la Nación, insistiendo en el criterio de abordar a las discapacidades como cuestiones meramente biológicas y no en conjunto con las condiciones socioeconómicas de las personas que las padecen. Luego de un intercambio de conceptos, los presentes coincidieron que la norma analizada pretende operar como un nuevo avance, en la quita de beneficios a titulares de las pensiones con discapacidad no laborativa. En principio, la mentada resolución “deviene en inconstitucional”, pues prevé un mecanismo de revisión de las pensiones (auditoría encubierta), cuando el mismo debe surgir de la necesaria intervención del Consejo Federal de Discapacidad (CoFeDis), conforme lo dispuesto por la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad Nº 27.793, la cual impone los presupuestos mínimos para que las auditorías nunca más vuelvan a ser realizadas de la manera irracional, inmoral e ilegal en que pretendieron ser llevadas adelante en el 2025. Experiencia que, al parecer, afirmó el Dr. Gialluca, no le ha servido de escarmiento al Gobierno Nacional de Javier Milei, pues nuevamente dictó un Decreto, el Nº 84/2026, inconstitucional también en su art. 12, autorizando a su dependiente Secretaría de Discapacidad para implementar un procedimiento de revisión surgido entre gallos y medianoche, a espaldas del CoFeDis, y atribuyéndose facultades legislativas por sobre el Congreso de la Nación. Por ello, señaló el funcionario, hemos solicitado se dejen sin efecto las normativas citadas, totalmente nulas e inconstitucionales y que se respete el orden jurídico, que imponen a la Constitución y las Leyes de la Nación, por sobre los Decretos del Poder Ejecutivo y las Resoluciones Administrativas. Instancia realizada no solo por ser necesaria a la defensa de la legalidad en nuestro país, sino fundamentalmente porque se pretenden, nuevamente, afectar los derechos del que quizás sea el colectivo más vulnerable de la sociedad, cual es el de las personas con discapacidad y entre ellas, las imposibilitadas o limitadas para trabajar, considerando que son simples números en un presupuesto que, para este año, solo previó recortes en el área, sin considerar que la quita de las pensiones pone en riesgo de vida a personas que las reciben para asegurar su mínima subsistencia, en un contexto económico y social que, aunque negado, es cada vez más difícil para toda la sociedad argentina.-