EL GOBIERNO NACIONAL AVANZA CON EL DESGUACE DE VIALIDAD NACIONAL PARA LOGRAR SU CIERRE ENCUBIERTO PONIENDO EN PELIGRO A TODOS LOS USUARIOS VIALES
- Afirman que defender a Vialidad Nacional no es resguardar una estructura burocrática, sino defender la presencia del Estado Nacional donde el Mercado nunca va a estar, el derecho a circular, a producir y a vivir en cualquier rincón de la Argentina y por ello denunciamos el vaciamiento que se está realizando de esta Institución, que pone en riesgo la seguridad vial, la integración territorial y el futuro del país. -
Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se señaló que este jueves se trata la Reforma Laboral en la Cámara de Diputados y el caso de Vialidad Nacional muestra la violación taxativa, impune y total que tiene el Gobierno de los poderes del Estado y la Constitución Nacional, desoyendo la imposibilidad de avanzar en la destrucción de este Organismo. Aunque la Justicia y los legisladores del Congreso Nacional le dijeron que no podía destruir la DNV, aun así, continúan con acciones administrativas del Poder Ejecutivo. La Dirección Nacional de Vialidad se encuentra en un proceso denominado de “reorientación institucional” que, en los hechos, implica abandonar la ejecución directa de obras y tareas operativas, para ser reconvertida en un ente reducido exclusivamente a funciones de planificación, control y fiscalización de concesiones. De esta manera, el Estado Nacional deja de construir, mantener y conservar las rutas nacionales, limitándose a observar cómo lo hacen terceros —si es que lo hacen—, cometiendo un retiro explícito del Estado de una de sus funciones esenciales, con consecuencias directas sobre millones de usuarios de la red vial. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, en este contexto, solicitó formalmente al Ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, como así también al Secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, que se abstengan de adoptar, impulsar, ejecutar o convalidar cualquier medida administrativa, organizativa o funcional que directa o indirectamente tienda a la disolución, vaciamiento, desnaturalización o desaparición de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo histórico y estratégico del Estado Nacional. Se les advirtió que no se avance en decisiones que impliquen la eliminación de funciones operativas sustantivas, la reducción estructural incompatible con los fines legales del organismo, la transferencia de competencias esenciales al Sector Privado o la reconversión de Vialidad Nacional en un mero ente de planificación o fiscalización, en desmedro de su rol histórico de ejecución, conservación y mantenimiento de la Red Vial Nacional. El funcionario provincial denunció que este tipo de medidas resultan contrarias al interés público, al principio de continuidad del servicio público, al deber de preservación del patrimonio estatal y al mandato constitucional de asegurar la integración territorial y el desarrollo federal, generando graves consecuencias sociales, económicas y de seguridad vial, especialmente en las regiones más postergadas del país, como lo es el Norte Grande Argentino. Remarcó que la Dirección Nacional de Vialidad fue históricamente una herramienta clave de integración territorial, desarrollo federal y equidad social, garantizando la presencia del Estado allí donde el mercado no llega porque no es rentable: rutas para pueblos pequeños, caminos para la producción regional y conectividad para comunidades alejadas de los grandes centros urbanos. El nuevo modelo impulsado por el Gobierno rompe deliberadamente con esa lógica, transformando la ruta en un negocio y el territorio en una variable de rentabilidad. En ese esquema, alertaron que los usuarios viales pasarán a pagar peajes exponencialmente más caros, mientras se consolida un negocio privado a costa de la seguridad, la integración y la vida de los argentinos. Por último, hizo personalmente responsables a los funcionarios intimados por las consecuencias institucionales, patrimoniales, laborales y sociales que pudieran derivarse de decisiones orientadas al vaciamiento o desaparición de Vialidad Nacional.
