PRONUNCIAMIENTO INSTITUCIONAL
Sobre la gravedad institucional que implica la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, en su carácter de integrante de la Comisión Directiva de ADPRA, expresaron su enérgico y categórico rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de disponer la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la transferencia de sus funciones al ámbito del Ministerio de Salud. Esta medida configura una afectación directa a la institucionalidad pública en materia de discapacidad, al suprimir un organismo rector con competencias específicas y transversales, y sustituirlo por una estructura sectorial que no resulta equivalente en funciones, jerarquía ni capacidad de coordinación interministerial. La discapacidad no es una cuestión meramente sanitaria. Reducirla al ámbito exclusivo de la salud implica reinstalar una mirada medicalizante y reduccionista, largamente superada por los estándares internacionales, que desconoce la dimensión social, jurídica, educativa, laboral, habitacional, cultural, comunicacional y comunitaria de la discapacidad. Las personas con discapacidad no son pacientes: son sujetos plenos de derechos, titulares de autonomía, dignidad, participación social e igualdad real de oportunidades. Este enfoque integral se encuentra expresamente consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional en nuestro país, que obliga al Estado argentino a diseñar, implementar y evaluar políticas públicas desde un modelo social y de derechos humanos, y no desde esquemas asistencialistas o meramente clínicos. En este marco, la eliminación de un organismo especializado como la ANDIS no constituye una simple reorganización administrativa. Supone, en los hechos, la desarticulación de una institucionalidad específica creada para promover, coordinar y garantizar políticas públicas transversales en materia de discapacidad en todos los estamentos del Estado nacional. Ello conlleva riesgos concretos y verificables, tales como la pérdida de especialización técnica, la dilución de responsabilidades, el debilitamiento de la rectoría estatal, la fragmentación de políticas públicas y la afectación directa del acceso efectivo a derechos. ADPRA recuerda que, con sus limitaciones, altibajos y funcionamiento fluctuante —propios de toda estructura estatal—, tanto la ANDIS como su antecedente, la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS), han constituido espacios institucionales válidos para la formulación, articulación y seguimiento de políticas públicas, con participación activa de organizaciones de la sociedad civil, personas con discapacidad y sus familias. La respuesta frente a eventuales deficiencias de gestión no puede ser la supresión del organismo, sino su fortalecimiento, profesionalización y mejora de los mecanismos de control y transparencia. Resulta jurídicamente improcedente y carente de sustento institucional sostener que no existirán retrocesos en derechos con el solo argumento de la continuidad de prestaciones económicas. Los derechos de las personas con discapacidad no se agotan en pensiones, subsidios o programas asistenciales. Exigen presencia estatal activa, políticas integrales, capacidad institucional autónoma y enfoque intersectorial que abarque el trabajo, la educación, el transporte, el urbanismo, la accesibilidad, la comunicación y la participación ciudadana. La decisión anunciada constituye una medida regresiva, incompatible con el principio de no regresividad que rige en materia de derechos humanos y que obliga al Estado a no desmantelar ni debilitar los niveles de protección alcanzados. Avanzar en la disolución de la ANDIS sin un debate amplio, informado y participativo vulnera compromisos constitucionales e internacionales asumidos por la República Argentina. Por todo ello, ADPRA exhorta formalmente al Poder Ejecutivo Nacional a: 1) Desistir de la disolución de la ANDIS, garantizando la existencia de una institucionalidad específica, autónoma y especializada en materia de discapacidad. 2) Transparentar de manera inmediata y completa todos los actos administrativos vinculados a la disolución o transferencia de funciones, acompañando fundamentos técnicos, jurídicos y presupuestarios claros y verificables. 3) Garantizar la continuidad plena, ininterrumpida y efectiva de todas las prestaciones, pensiones, programas y apoyos destinados a las personas con discapacidad, sin retrocesos ni restricciones encubiertas. 4) Asegurar la participación real de las organizaciones de la sociedad civil, de las personas con discapacidad y de sus familias en cualquier proceso de revisión o reforma institucional. 5) La Asociación de Defensoras y Defensores del Pueblo de la República Argentina advierte que avanzar en la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad constituye una decisión equivocada, regresiva y jurídicamente objetable, que debilita la arquitectura institucional de protección de derechos. El Estado no puede desentenderse de sus obligaciones internacionales ni sustituir una política pública integral por una respuesta sectorial limitada. Trasladar la discapacidad al ámbito exclusivo de la salud no es una modernización: es un retroceso. Advertimos que, de concretarse, esta medida compromete el cumplimiento por parte del Estado argentino de las obligaciones asumidas en el marco de los tratados internacionales vigentes y genera un riesgo cierto de regresión en el nivel de protección institucional alcanzado.
