SE SOLICITÓ AL CONGRESO DE LA NACIÓN QUE POSPONGA EL TRATAMIENTO DE LA REFORMA LABORAL Y PENAL PARA SESIONES ORDINARIAS

-Gialluca expresó que proyectos tan relevantes no pueden ser aprobados a libro cerrado, sin un debate amplio de las distintas fuerzas políticas que incluya también a la sociedad civil, de lo contrario se producirán múltiples presentaciones judiciales que buscarán su suspensión e inconstitucionalidad-
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca solicitó, a la Presidente del Senado de la Nación Dra. Victoria E. Villarruel, al Presidente Provisional Bartolomé Esteban Abdala, como así también al Presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, a la Vicepresidente Primera, Cecilia Moreau, a la Presidente y Vicepresidente de la Comisión Unicameral de Trabajo y Previsión Social del Senado, Carmen Rivero y Mariano Recalde, pospongan el tratamiento de la Reforma Laboral que impulsa el Gobierno Nacional como así también la Reforma Penal, “para que ambas sean tratadas en Sesiones Ordinarias, que garanticen la participación de diversos sectores, entre ellos, los gremios, sindicatos, universidades, colegios de abogados, institutos especializados en la materia, ONGs, con el propósito de que se presenten aportes técnicos y propuestas alternativas indispensables, se fomente el debate entre las distintas fuerzas políticas, incluyendo a toda la sociedad civil, para evitar que estas iniciativas se resuelvan a libro cerrado, lo cual las privará de legitimidad y originará múltiples planteos judiciales que buscarán su no aplicación y la inconstitucionalidad de las citadas”. El funcionario provincial, añadió que la reforma laboral promovida por el Gobierno Nacional no crea empleos, transfiere recursos hacia una minoría, debilita la protección de los trabajadores en plena recesión y bajo el rótulo de “modernización”, propone retroceder un siglo en derechos conquistados. Se constituye en “una reforma regresiva, que quita derechos y perjudica a los trabajadores; esto no lo discute nadie”. En tanto desde el Estado expresan que esta ley es necesaria para garantizar el empleo formal y la actividad económica, pero no tiene ningún efecto virtuoso, ya que el contexto económico actual desmantela por completo los argumentos del Gobierno. “Hoy en la Argentina no se crea empleo, se lo destruye”, y esto se produce por la apertura indiscriminada de importaciones, derrumbe del consumo, caída de los ingresos y endeudamiento de las empresas. Las mismas cierran o suspenden personal porque no venden ni producen, por lo que “ninguna reforma laboral va a revertir una crisis que es producto exclusivo de la política económica actual”. Uno de los puntos centrales que se crítica es el histórico fracaso de las recetas de reducción de aportes patronales, señalándose que en Argentina estas rebajas se aplican desde los años 90 “y jamás generaron empleo”, recordando que esa década terminó con casi 20% de desocupación. Se mencionó como ejemplos a Perú y Paraguay, donde los costos laborales bajaron a la mitad, pero la informalidad continua altísima. Por ello, es falso que estas medidas creen empleo, y mucho menos empleo registrado. Además, se advirtió que los aportes patronales no son impuestos sino parte del salario diferido: jubilación, obra social y cobertura para los propios trabajadores. También se cuestionó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) incluido en el proyecto, detallándose que los empleadores deberán aportar un 3% del salario de cada trabajador, pero ese monto se compensa con una reducción equivalente en los aportes jubilatorios. “¿Quién financia entonces las indemnizaciones por despido? El Estado y, si hilamos fino, los propios trabajadores”, concluyó, originándose “una transferencia impresionante de ingresos desde salarios y jubilaciones hacia las ganancias empresarias”. En cuanto a los argumentos de la “modernización” del proyecto oficial, afirmó que “La ley laboral más antigua que sigue vigente en la Argentina tiene 100 años y fija la jornada en 8 horas diarias o 48 semanales. Si realmente quisiéramos modernizar, haríamos lo que hacen todos los países del mundo: discutir cómo reducir la jornada, cómo garantizar tiempo de descanso, cómo equilibrar la vida laboral y la familiar”. Alertó que la ampliación de la jornada laboral no tiene fundamento alguno y afecta la integridad psico física del trabajador, por otra parte, el proyecto le da preponderancia, “a la negociación individual entre el empleador y trabajador, lo cual agrava la posibilidad de que la patronal imponga su voluntad ilimitada. Por último, señaló que es indiscutible y necesaria la actualización del Código Penal Argentino, pero tampoco puede resolverse como pretende el Gobierno Nacional, a libro cerrado, si no que exigimos un debate en sesiones ordinarias que incluya a toda nuestra sociedad.