DENUNCIAN QUE LA PRIVATIZACION DE NUCLEOELECTRICA DEJA AL PAIS SIN UN ELEMENTO CLAVE PARA EL FUTURO ENERGETICO Y QUE PARTICIPE DE LA INDUSTRIA INTERNACIONAL DE REACTORES NUCLEARES

-“La privatización de Nucleoeléctrica, que no es una empresa deficitaria, significa la desactivación del Plan Nuclear Argentino, la paralización del Carem y fuga de cerebros”. Se advirtió que, también existe una grave contradicción legal y económica. Por un lado, la Ley 24.804 exige que las tres centrales nucleares del país sean operadas de manera conjunta por una sola empresa, lo que garantiza al sector privado ganancias millonarias. Por otra parte, la Ley 25.018 (Régimen de Gestión de Residuos Radiactivos), establece que la CNEA, es decir el Estado, debe hacerse cargo de los mismos. Aquí surge el absurdo es que un privado se quedará con las ganancias, mientras que el Estado seguirá asumiendo los costos y riesgos de los desechos nucleares. Este hecho contradice la justificación del gobierno de querer privatizar la empresa para ponerle ‘’fin al Estado Empresario, aquel que se atribuía funciones impropias a costa de derrochar recursos de los argentinos’’.

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, le reclamó al Presidente Javier Milei, al Ministro de Economía Luis Caputo e Instó al Jefe de Gabinete de Ministros Dr. Guillermo Alberto Francos, al Presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica Dr. Ing. Germán Guido Lavalle, como así también, al Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Martín Menem, a la Vicepresidenta y Presidenta del Senado Victoria Villarruel y a la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado, que preside Flavio Fama, “que dejen sin efecto el Decreto Nº 695/2025 publicado en el B.O. y por el cual, se privatizó parcialmente, habilitándose la venta del 44% de la -Comisión Nacional de Energía Atómica- y dejando el 51% en manos del Estado, a través de la Secretaría de Energía, quedando el porcentaje restante, a cargo de los trabajadores del sector”, como así también, la Unidad Ejecutora Especial Temporaria denominada Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que será la encargada de continuar con el proceso de venta de acciones, siendo responsable del remate, la Secretaria de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Dirección de Normalización Patrimonial. El Ombudsman Provincial, fundó su requisitoria en que, la -Ley Bases (Ley Nº 27.742)-, no derogó, ni dejó sin efecto la Ley Nº 24.804, que regula la actividad nuclear en Argentina. La misma se enfoca en la reforma de la administración pública, economía, empleo y otras áreas, mientras que la Ley Nº 24.804 continúa vigente y a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) para las funciones nucleares, estableciendo que en esta materia, el Estado Nacional fijará la política y ejercerá las funciones de investigación y desarrollo a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la de regulación y fiscalización, con jurisdicción nacional, a través de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Gialluca añadió que, no debemos olvidarnos a todos aquellos que votaron la Ley Bases, paquete de medidas que van desde delegaciones de poderes al Ejecutivo, privatizaciones, derogación de la moratoria previsional, modificaciones en el impuesto a las ganancias y monotributo, disolución de organismos públicos, intervenciones, fondos fiduciarios y reforma laboral, entre otros. El Funcionario Provincial, advirtió que, la oposición en el Congreso se preparaba para poner en debate la protección del sistema nuclear nacional, pero el Ejecutivo Nacional dispuso por Decreto la privatización del 44 por ciento del paquete accionario de Nucleoléctrica Argentina (NASA), la sociedad anónima que opera las tres centrales nucleares que aportan energía al sistema eléctrico nacional. Esta decisión de poner en manos privadas un bien estratégico y clave para el país, responde a dos cuestiones inmediatas: ganarle de mano al Congreso que tenía la intención de declarar a esa empresa como un “bien no enajenable” y para ello era necesario derogar el artículo 8 de la Ley de Bases y garantizarse una entrada de dólares para sostener un plan económico que fuga divisas permanentemente, por lo cual, la privatización parcial fue posible por la vigencia de esta norma, aprobada por oficialistas y aliados en 2024. El cartel de venta de la empresa creada en 1994 y que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse de Río Tercero, fue colgado con los mismos argumentos de siempre: “que los capitales privados son los medios más idóneos para su financiamiento y que solo así operarán de manera eficiente y competitiva, tal como dice el decreto”. El titular de la bancada de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, había asegurado la existencia de un acuerdo entre varios bloques para que el tema sea tratado en la sesión prevista para el próximo jueves 2 de octubre, cuando la Cámara alta también trate los vetos contra la Emergencia en Pediatría (Garrahan) y de Financiamiento Universitario.