SOLICITAN AL INTERVENTOR DE LA ANDIS QUE LAS AUDITORIAS SE REALICEN EN LOS LUGARES DONDE VIVEN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, recepcionó una formal solicitud de diversas Comunidades Originarias del Departamento de Ramón Lista que, residen en forma permanente en las Localidades de El Potrillo, El Quebracho, El Chorro, Lote 8, María Cristina, entre otros, cuyos integrantes, “se encuentran siendo citados a la Localidad de Ing. Juárez en la Sede del PAMI, donde supuestamente se llevan adelante las denominadas auditorías médicas ordenadas por la ANDIS”. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que, estas auditorías sobre pensiones no contributivas para personas con discapacidad en Formosa y en todo el País, se concretan mediante un procedimiento que ha generado cuestionamientos por irregularidades y falta de profesionalismo, las mismas se realizan “de manera arbitraria, inaccesible, con una falta de criterio y de profesionalismo de parte de quienes deberían hacerse cargo del procedimiento”. Agregó, además, que quienes llevan adelante las auditorías muchas veces no se identifican ni explican su función, lo que genera incertidumbre en los beneficiarios. En varios casos, las personas afectadas no recibieron las cartas documentos que forman parte del procedimiento formal de notificación y al presentarse al cobro, encontraron que su pensión no había sido depositada. Esto está sucediendo desde hace bastante tiempo y afecta a personas con discapacidad que no recibieron ninguna de las dos cartas de documentos. Ratificó que nos encontramos ante una situación y procedimiento donde todo depende de la ANDIS, cuyas Autoridades no dan ninguna información ni respuesta sobre el particular. Destacó que, la falta de accesibilidad en los lugares donde se realizan las auditorías, es un grave problema, ya que, son totalmente inaccesibles, se citan en oficinas públicas de nación o a veces se indican direcciones incorrectas, esto dificulta la participación de personas con discapacidad motora, visual o auditiva. Gialluca concluyó que, el objetivo de las auditorías debería ser garantizar un procedimiento justo y transparente y no la baja arbitraria de pensiones. “No estamos hablando de delirios políticos, como lo entiende el Gobierno Nacional, nosotros estamos hablando de derechos humanos que no se están respetando y esto afecta la calidad de vida de miles de personas con discapacidad, cuyos derechos no se están garantizando y por ello, hemos acudido a la Justicia Federal, donde continuamos concretando las presentaciones necesarias, para que el Gobierno Nacional y la ANDIS cumplan con el Fallo a favor de las personas con discapacidad.