DENUNCIAN QUE SE QUITARON PENSIONES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE NO FUERON AUDITADAS

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, informó que, hasta el mes de junio del corriente año, según la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se habían enviado 834.157 cartas documento en el marco de las auditorías por las pensiones por discapacidad, pero, por distintos motivos, 385.993 –el 46,3%– no pudieron ser entregadas, sin embargo, el 8 de agosto, el Vocero Presidencial, Manuel Adorni, informó que habían dado de baja 110 mil prestaciones. Este es uno de los puntos, que hemos denunciado, como una falla estructural en los controles, por parte de la ANDIS, ya que dieron de baja o suspendieron beneficios sin ninguna explicación y conseguir la restitución, es una tarea complicada, por lo que el Fallo Judicial que otorga tres (3) meses a todos los titulares de pensiones, la posibilidad de regularizar su situación administrativa, es un punto que debe ser utilizado cuanto antes y siempre con un debido asesoramiento. Por otro lado, el Decreto 843/24, “volvió a instalar requisitos que ya fueron declarados inconstitucionales por la Justicia, como acreditar un porcentaje determinado de disminución en capacidad laborativa o no tener parientes obligados a prestar alimentos”. Como primera irregularidad, el funcionario provincial denunció que, el proceso de auditorías no está regulado: no existe un documento oficial en el que se defina claramente las etapas, la metodología o los plazos. Además, no hay alternativa para quienes no puedan asistir de manera presencial a pesar de que muchos fueron citados a grandes distancias de sus domicilios. En este contexto, lo único que repite el Gobierno Nacional para justificar el ajuste en las pensiones es el del crecimiento en la cantidad que se entregan en el país. Sin embargo, según los últimos datos del censo de población, el 12,9% de los argentinos tiene una discapacidad, lo que equivaldría a 5 millones de personas. De este total, solo el 20% accedió a una pensión. El porcentaje es muy inferior a la cobertura que, según un informe de la OIT, reciben las personas con discapacidad en el mundo: 38,9%. En algunos países llega incluso al 90%. Dos cuestiones principales explican el aumento del número de pensiones en Argentina. La principal es que hasta 2003 existía un sistema de “alta por baja”. Es decir que hasta entonces el número de pensiones por discapacidad se mantenía estable, porque solamente ante la baja de un beneficio se otorgaba uno nuevo: el mecanismo dejaba afuera a miles de personas que cumplían los demás requisitos para acceder a este ingreso y lo necesitaban. Por otro lado, el país tuvo que adaptarse a las exigencias de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que se ratificó en 2008. Ese instrumento internacional compromete al Estado a garantizar el acceso a la alimentación, vivienda y vestimenta de las personas con discapacidad, derechos que difícilmente tienen garantizados por otros medios. Más del 75% de las personas con discapacidad están desempleadas o tienen empleos precarios, no por incapacidad laboral, sino por falta de accesibilidad, y ello es una responsabilidad del Estado.