ANTE LA DISOLUCION DE PROGRAMAS DE VIVIENDA SE INSTO AL GOBIERNO NACIONAL A GARANTIZAR LOS RECURSOS NECESARIOS A LAS PROVINCIAS

La -Dirección de Vivienda- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, le peticionó formalmente al Ministro de Economía de Nación, Luis Caputo y al Secretario de Obras Públicas, Ing. Luis Enrique Giovine, como resultado de la publicación esta semana de la Resolución Nº 1199/2025, que establece un nuevo esquema de financiamiento que, transfiere más responsabilidad a provincias y municipios, en línea con la política de "eficiencia en el gasto público", donde se eliminaron los siguientes programas: Casa Propia, Argentina Construye, Argentina Construye Solidaria, Plan Nacional de Suelo Urbano, Procrear y Argentina Hace, entre otros, produciendo que la solución habitacional, dependa de la improvisación y la transferencia de responsabilidades del Gobierno Nacional que no garantiza a las provincias los recursos necesarios para que las familias accedan a una vivienda digna. En tanto, las Obras en curso: podrán ser financiadas por provincias y municipios, que usarán el recupero de cuotas para completar proyectos inconclusos, determinándose como excepciones: hogares vulnerables, familias con necesidades básicas insatisfechas y beneficiarios en villas y asentamientos podrán ser eximidos del pago. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, rechazó las afirmaciones de Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación, quien celebró la medida porque "destraba un sinnúmero de transferencias de obras inconclusas del Procrear" y permite que las jurisdicciones locales se hagan cargo de finalizarlas. El Funcionario Provincial, denunció que este tipo de medidas en lugar de fortalecer el federalismo, se constituyen en trabas para el desarrollo de las provincias, dejando de lado una política habitacional nacional coherente y con estímulos para el acceso a la primera vivienda. A esto se le suma que, como sucede con los ATN y el impuesto a los combustibles, el Ejecutivo Nacional, retiene los fondos que corresponden legítimamente a las provincias, lo que agrava aún más la situación. Este es el método del Estado ausente y en este caso, el daño no se limita a la infraestructura de rutas con el abandono de la obra pública, sino que ahora también, recae sobre los estados provinciales y deja al desamparo a millones de argentinos que, día tras día, luchan por acceder a un techo propio. La vivienda, como derecho fundamental, es una obligación del Estado, sin embargo, esta administración nacional ha decidido abandonarla, trasladando la carga a los gobiernos provinciales y municipales, sin brindarles el apoyo necesario. Por ello, el déficit habitacional en Argentina es una realidad que no podemos ignorar. Según el último censo alcanza a aproximadamente 3,24 millones de hogares y la brecha entre la oferta y la demanda de viviendas crece cada año y la política del Gobierno no hace más que agravarla. La eliminación de programas como Casa Propia, Procrear y Argentina Construye, deja al Estado con pocas herramientas para resolver este problema, lo único que ofrece el gobierno nacional son créditos UVA y UVI, que, aunque pueden ser un complemento, no son suficientes ni adecuados para cubrir las necesidades de millones de argentinos. A la fecha, si bien han aumentado la cantidad de créditos UVA otorgados, la inflación por arriba de los salarios y las altas tasas de interés hacen que prácticamente sea imposible que muchas familias puedan acceder a una vivienda propia. Por otro lado, los créditos UVI que el gobierno ofrece a las provincias no resuelven el problema real de la vivienda, ya que los costos de la construcción, dolarizados por la inflación, hacen que estos se vuelvan inaccesibles para la mayoría de las familias. Actualmente, construir cuesta el doble en dólares que hace un año y medio atrás y ya hay muchos proyectos que se frenan o se atrasan por esta situación, obligando a miles de familias, a continuar pagando altísimos alquileres y servicios, no teniendo la posibilidad de que, mediante una cuota justa y razonable, puedan acceder a viviendas que construya el Estado.