LAS INTERVENCIONES FEDERALES CONDENAN Y DESTRUYEN LA VIDA CIVIL Y POLÍTICA DE LOS PUEBLOS
-Quienes permanentemente piden las intervenciones federales, defienden intereses y derechos que no son los que favorecen la dignidad y futuro de los formoseños-
Desde el ODEPOE -Observatorio de Derechos Políticos y Electorales- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se afirmó desde el punto de vista jurídico, social y político, que las intervenciones federales a las provincias, son un antecedente autoritario de la Constitución Nacional, que no posee reglamentación alguna y que habilita al interventor impuesto desde el Gobierno Nacional a “manejar a su antojo la vida de los ciudadanos de una jurisdicción autónoma”. Es que, desde el ODEPOE, venimos advirtiendo, como en los últimos tiempos en nuestra provincia, ciertos sectores políticos, pregonan a diestra y siniestra “que la única alternativa válida para los formoseños, se focaliza en una intervención federal a nuestras Instituciones”, sin mencionar, alternativas, consecuencias o antecedentes sobre el particular. Si se llegase a intervenir el Poder Ejecutivo Provincial, el interventor impuesto desde el Gobierno Central, hará las veces de gobernador y si se interviene el Poder Legislativo, el interventor reemplaza a la legislatura, quedando habilitado a dictar decretos – leyes. Por último, si se interviene el Poder Judicial, el interventor -Gobierno Nacional-, podrá remover los jueces que se desempeñan actualmente, perdiendo su inamovilidad y designar a las personas afines a sus intereses. Analizada de esta forma, la intervención federal, tal como está instrumentada en la Constitución Nacional, es inconstitucional, aun cuando esto aparezca como contradictorio. Con la Intervención Federal, desaparece la división de poderes, toda vez que el interventor se hace de todos los poderes, principalmente el de designar “a sus jueces, que estarán siempre en línea con su accionar político”. Históricamente, a modo de ejemplo, la Provincia de Corrientes, es la jurisdicción con más número de intervenciones federales, con un total de 17 oportunidades. La última, ordenada por el Presidente Fernando De la Rúa, sacó del poder al Partido Nuevo, votado mayoritariamente, para entregar todo el poder al radicalismo, con Ramón Mestre a la cabeza que llego a Corrientes con decenas de cordobeces, quienes ocuparon todos los cargos, inclusive los del poder judicial, “obviamente con el apoyo y la colaboración de políticos locales que también se hicieron de otros cargos”. En las intervenciones federales en la Argentina, la persecución política a través de los jueces designados por el interventor fue algo normal y usual. Por otra parte, el Interventor, sin control alguno, endeuda irresponsablemente a la Provincia intervenida, tomando prestamos por presuntas deudas y originándose negociados que a la postre debió pagar el Pueblo de cada jurisdicción, quedando, siempre, los ciudadanos, más pobres y desprotegidos, que antes de la intervención. Por estos simples motivos y muchos otros es que el ODEPOE, considera a las intervenciones federales, como el peor mal, que solo permite instalar en una provincia a los políticos que no pueden acceder al poder mediante el voto popular y con el apoyo de la sociedad. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, afirmó que, la historia argentina ha demostrado que con el pretexto de preservar el orden y garantizar derechos las intervenciones solo fueron camino al autoritarismo. Su empleo solo erosiona las autonomías provinciales y debilita el equilibrio del sistema republicano. La verdadera fortaleza de la democracia se mide por la autonomía que se respeta no en la que se arrebata y por ello, en la actualidad, insistir en los medios de comunicación, con la intervención federal, es “querer dolosamente condenar al Pueblo, a los intereses, objetivos y políticas del Gobierno Nacional”.
