SOLICITAN AL CONGRESO DE LA NACION RECHACE EL DECRETO 445/25 QUE ELIMINO LA AGENCIA PARA EL CONTROL DE ARMAS
-Con esta medida, el Gobierno Nacional copia lo peor del modelo estadounidense y promueve una sociedad armada que facilita que los niños estén más expuestos, como así también, que las víctimas de violencia de género sufran más femicidios y amenazas con armas de fuego, aumentando el riesgo de accidentes y suicidios en los hogares-
La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, afirmó que la eliminación por decreto de la agencia de control de armas en el país, es “una desregulación de hecho del mercado de las armas de fuego”, con lo cual, se facilita y promueve más violencia en nuestra sociedad. Se recordó que hace hace diez años, en plena campaña presidencial del 2015, todo el arco político logró un acuerdo en el Congreso y votó, prácticamente por unanimidad, la creación de la ANMaC (Agencia Nacional de Materiales Controlados), en reemplazo del viejo RENAR creado en 1973. El objetivo era superar el viejo paradigma meramente registral para pasar a una agencia moderna basada en el concepto humanista de prevención de la violencia armada: un claro norte para la formulación de políticas de control y de restricción de la proliferación de armas de fuego. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, advirtió que, a través del Decreto Nº 445/2025, el Presidente Javier Milei derogó la mitad de la Ley Nº 27.192, eliminando toda función de prevención y control. Con esta decisión, Argentina retrocede al modelo de 1973: un Registro Nacional de Armas (RENAR - Órgano de aplicación de la Ley Nacional de armas y explosivos Nº 20.429 promulgada por el Gral. Alejandro Agustin Lanusse, Presidente de facto entre 1971 y 1973), pasivo, sin capacidad legal para implementar una política activa de prevención y control de las armas de fuego. Absurdamente, el propio Gobierno Nacional celebró que Argentina haya sido en 2024 el país con menor tasa de homicidios de Sudamérica. Pero ahora desmantela uno de los pilares que hizo posible ese logro: una política estatal restrictiva en materia de armas de fuego. El decreto se suma a una serie de medidas regresivas ya implementadas: reducción de la edad mínima para acceder a armas, flexibilización del acceso a armas semiautomáticas, ‘tenencia exprés’ y suspensión del Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, entre otras. Así, el Poder Ejecutivo Nacional avanza, sin pasar por el Congreso y amparado en una delegación legislativa irresponsable otorgada por la Ley Bases, en la desregulación total del mercado de armas. En este punto, el Funcionario Provincial, afirmó que el Gobierno Federal copia lo peor del modelo estadounidense y promueve una sociedad armada, esto va a facilitar que: * Cualquier conflicto social pueda terminar a los disparos. * Que niñas/os estén más expuestos a tiroteos, masacres escolares o accidentes con armas. * Que el crimen organizado acceda con mayor facilidad a armamento, incluso superior al que poseen las policías. * Que las víctimas de violencia de género sufran más femicidios y amenazas con armas de fuego. * Que aumente el riesgo de suicidios y accidentes con armas disponibles en los hogares. Ante ello, formalmente hemos planteado a la actual Titular del Ministerio de Seguridad Nacional, Dra. Patricia Bullrich, que la sociedad argentina no quiere más armas: quiere seguridad, no quiere defenderse a los tiros: quiere un Estado Nacional que la defienda, no quiere más muerte ni violencia: quiere Paz Social y para ello, es necesario y urgente que este tema sea abordado por el Congreso de la Nación, pues, no se trata solamente de que el Gobierno Nacional, elimine controles y acciones del Estado, ya que con esto, se coloca en riesgo la vida y seguridad de las personas. Además, es necesario que, al disolverse el -Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada-(FPVA), el propio Ministerio de Seguridad de Nación, informe cómo financiará las políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia armada, lo cual, queda por ahora a cargo de la Cartera antes citada. Asimismo, se peticionó a la Comisión Permanente de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, cuya presidencia ejerce Nuñez José, a la Comisión Unicameral de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, a cargo de Carolina Losada y a la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior que dirige Enrique Martin Goerling Lara como Presidente, que frente a estos cambios, dentro de sus competencias, aborden la presente temática con la finalidad de rechazar el Decreto Nº 445/2025 por implicar el mismo un grave retroceso y poder así, construir entre todos un país más seguro y libre de violencia armada.
