SE SOLICITÓ A LA CÁMARA DE SENADORES SANCIONE EL PROYECTO DE LEY DE EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD APROBADO POR DIPUTADOS
-Gialluca rechazó los cuestionamientos de los Diputados que están en contra de esta medida, pues no es cierto que faltan recursos o que se pone en peligro el déficit fiscal del país, lo que existe en realidad es una gran indiferencia y falta de voluntad política hacia los sectores más vulnerables de nuestra sociedad-
La -Dirección de Discapacidad- de la Defensoria del Pueblo de la Provincia de Formosa, ante la aprobación por la Cámara de Diputados del Proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad, hasta el 31 de diciembre del año 2027, con 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones, “solicitó formalmente a la Presidenta del Senado Victoria Villarruel, a su Vice Presidenta Primera Carolina Losada, como así también a las Presidentas de la Comisión Unicameral de Salud a cargo de Lucía B. Corpacci y de Trabajo y Previsión Social Carmen Álvarez Rivero, que al momento de la revisión del proyecto antes citado, impulsen la sanción final del mismo, toda vez que el actual sistema de pensiones por discapacidad que existe en nuestro país, se encuentra absolutamente desactualizado y con una estructura ineficiente”. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, afirmó que las pensiones y los aranceles en materia de discapacidad han quedado desactualizados por la inflación y esto afecta a millones de personas con discapacidad que hoy no tienen acceso a servicios esenciales adecuados. En este sentido denunció que en los últimos meses el Gobierno Nacional junto con la ANDIS, han implementado medidas que generan profundas confusiones y angustias entre los beneficiarios, como la imposición de nuevos requisitos y auditorías altamente burocráticas, que no respetan las normativas internacionales de derechos humanos. Recordó que, en el caso de nuestra provincia, la Delegación de la ANDIS, ha sido desguazada al punto que no cumple ninguna función que beneficie a quienes necesitan de asesoramientos y gestiones que ahora se han impuesto como obligatorias. Esta iniciativa propone medidas como, el aumento de pensiones no contributivas por discapacidad y la actualización mensual de los aranceles para los prestadores de servicios. También se contempla un régimen de regularización de deudas fiscales y sociales para prestadores del sector y el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Esto posee un impacto fiscal estimado entre 0,22% y 0,42% del PBI, y recompone las prestaciones arancelarias desde el 1 de diciembre de 2023 conforme a la inflación acumulada en el período, con lo cual las pensiones no contributivas por discapacidad pasarán a equivaler, al 70% del haber mínimo jubilatorio, con la posibilidad de incrementos adicionales, dependiendo de la invalidez laboral o la zona geográfica desfavorable. Además, se contempla un sistema de actualización automática de los aranceles de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual. Esta actualización busca mitigar los efectos de la inflación sobre las prestaciones y los salarios de los trabajadores que prestan servicios a las personas con discapacidad, entre los que se encuentran los hogares, centros de día, transportistas y especialistas, que atienden a este colectivo que en la actualidad se encuentra en una situación crítica y necesita atención urgente.
