DESDE LA DEFENSORÍA CUESTIONARON LA HABILITACION POR UNA RESOLUCION MINISTERIAL DE MILITARES EN LA FRONTERA NORTE DEL PAIS

-Las intenciones puede que sean buenas y que la actual legislación esté obsoleta, “pero lo que corresponde es que el Gobierno Nacional, junto con el Congreso, se aboquen a modernizar las normativas vigentes para un adecuado control y vigilancia de nuestras fronteras, definiendo claramente los roles y misiones de las FFAA y de Seguridad, para evitar errores que en nuestro país ya sufrimos en el pasado”-
Recientemente, mediante un documento reservado, el Ministerio de Defensa de la Nación, a cargo de Luis Petri, destinó el 80 % de las milicias nacionales al control de frontera en las provincias del norte, a fin de evitar el ingreso de personas al territorio nacional de manera irregular. Al respecto el Defensor del Pueblo de la Provincia, Dr. José Leonardo Gialluca expresó: “La medida no tendría objeciones si es que, en el mismo documento, no se hubieran atribuido funciones de policía de seguridad a los efectivos destinados al operativo denominado Julio A. Roca. Debemos poner las cosas en claro, ¿quién puede no estar de acuerdo con que no se refuercen las fronteras para evitar el avance del narcotráfico y se impida el tráfico de estupefacientes y otras sustancias tóxicas?. Otra cosa diferente es dejar de lado claras leyes surgidas luego del último proceso militar y que tienden a salvaguardar a la sociedad civil de acciones de guerra. Quienes apoyan este tipo de medidas carecen de memoria y no conocen la historia reciente del país, en la que la seguridad interior fue confiada al ejército, cuyos efectivos tienen una formación castrense, con consecuencias nefastas, pues la fuerza militar está capacitada para la guerra, la cual presenta escenarios completamente distintos a la lucha contra el narcotráfico. En el contexto actual, expresó el Ombudsman Provincial, hay cuestiones que desconoce una de las hacedoras de este yerro institucional, la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien afirmara que la medida fue adoptada en aras de impedir el avance de organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico en el país. Cuando en realidad, tales organizaciones se encuentran enquistadas en las provincias centrales, lejos de las provincias norteñas y es ahí donde deberían reforzarse las tareas de inteligencia y combate a esta actividad delictiva. Por otro lado, existen suficientes efectivos en las fuerzas nacionales y provinciales que bien pueden ser afectados a funciones combinadas de lucha contra el tráfico de estupefacientes territorio adentro del país, sin comprometer la seguridad interior de la nación. Pudiéndose si, realizar despliegues de soldados en los límites del territorio, sin encomendar a los mismos, funciones de seguridad interior y exponer a los efectivos de la fuerza armada a acciones judiciales en caso de tener que intervenir en la represión de delitos comunes e incluso utilizar armas de fuego contra civiles. Tanto la orden reservada, como la medida, adolecen de una turbiedad institucional tan grande que ni siquiera se le permitió el tratamiento en el Congreso de la Nación, siendo repudiada incluso por los aliados al Presidente Javier Milei, desde diversos organismos de Derechos Humanos y dos ex Ministros de Defensa han tildado a la orden dada de abiertamente irregular, pues va contra las leyes de Defensa y Seguridad Interior de la Nación.