DENUNCIAN QUE LOS DISCURSOS DE ODIO GENERAN VIOLENCIA Y DIVISIONES EN LA SOCIEDAD

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, “se hizo un llamado a la reflexión sobre la peligrosidad de los discursos de odio y su impacto en la sociedad”, ya que los mismos tienen como objetivo, la deshumanización de colectivos particulares, fomentando la violencia y la desintegración de nuestra sociedad. En este sentido, el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, “resaltó la necesidad de reconocer y resistir los discursos de odio, toda vez que estos afectan la convivencia pacífica en sociedad y naturalizan las prácticas violentas”. Lo hizo en este 17 de mayo, fecha promovida por la ONU desde 2004 para generar conciencia sobre la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género; elegida en recuerdo del 17 de mayo de 1990, cuando la Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), con consenso generalizado de que la misma es una variación natural de la sexualidad humana. De esta manera, la homosexualidad dejó ser considerada una enfermedad mental. Por su parte, la Comisión Europea define la homofobia como la intolerancia hacia personas atraídas por otras de su mismo género, mientras que la transfobia se refiere al rechazo hacia personas cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer. La bifobia es el desagrado hacia personas atraídas por ambos géneros. Añadió que, nuestro país, supo estar en la vanguardia de América Latina en derechos para las minorías sexuales en la última década; gobernada desde diciembre por un presidente que critica abiertamente el feminismo y rechaza las políticas de igualdad y no discriminación, los colectivos feministas y LGTBI+ ven en los pronunciamientos, advertencias y primeras medidas de Milei, una amenaza de retroceso en los derechos conquistados. Una de las primeras derrotas ha sido para la ley de cupo laboral trans de 2021 que obligaba al Estado a contratar en el sector público a no menos del 1 % de personas travestis, transexuales y no binarias fomentando su inclusión. Si bien la norma estaba estancada sin haber cumplido totalmente sus metas por falta de recursos antes de la llegada al poder de Milei, ahora no solo quedó rezagada, sino que algunas de las contrataciones realizadas han sido eliminadas. Unas 105 personas de este colectivo han perdido su trabajo como funcionarios en los últimos tres meses, según la Asociación de Trabajadores del Estado. Son pocas en un universo de 15.000 empleos públicos eliminados, pero para un grupo que, de forma crónica, ha visto la incorporación al mercado laboral como un imposible, cada despido es un retroceso vital. Recordemos que Argentina fue el primer país de Latinoamérica en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en el año 2010 y dos años después se colocó a la vanguardia a nivel mundial con una ley que reconoce el derecho a la identidad de género como derecho humano. Sin embargo, desde el Gobierno Nacional, se han adoptado medidas contrarias, degradando el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad al rango de subsecretaría, prohibiendo el uso del lenguaje inclusivo en la administración pública, cerrando el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), eliminando la resolución que exigía paridad de género en empresas y asociaciones civiles y cancelando programas de capacitación con perspectiva de género.