SOLICITARON A LA JUSTICIA FEDERAL LA LIBERACION TOTAL DE LA RUTA NACIONAL 86

Ante un nuevo corte de ruta, en esta ocasión de la Nacional Nº 86 a la altura de la Comunidad Colonia La Primavera, en la zona de acceso al Parque Nacional, por no más de cinco o diez originarios que reclaman el otorgamiento de pensiones sociales, desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa y en atención a los pedidos efectuados por ciudadanos, comerciantes y docentes que utilizan la misma para dirigirse a distintos establecimientos educativos, algunos ubicados incluso dentro de la misma Comunidad Colonia La Primavera, se efectuó un formal pedido de intervención a la Jueza Federal Dra. María Belén López Macé, con el objetivo de que cite inmediatamente a los nombrados. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, añadió que, con estos ciudadanos venimos trabajando hace tiempo no solamente desde el Estado Provincial, sino también con las Autoridades de la Comisión de Fomento de Laguna Naineck y con la Delegación del Ministerio de Trabajo de Nación en Formosa, en distintos programas y proyectos con salidas laborales concretas, pero se encuentran los mismos empecinados en que, el Instituto de Pensiones Sociales, haga lugar a requerimientos de beneficios que no corresponden, por un lado, porque no se cumplen con los requisitos exigidos y en otros casos por ser los peticionantes menores de edad, “habiéndoseles notificado todos aquellos que se encuentran actualmente en trámite”.
Desde el Organismo de la Constitución, además, se informó sobre la elaboración de un Proyecto Legislativo que tiene por finalidad resguardar la seguridad jurídica tanto de las personas, como de sus bienes y por la cual, pretendemos la configuración de un tipo penal, que refleje concretamente la conducta típica del “piquete”, a fin de que las sanciones y la persecución de este delito sea concreta y pueda ser llevada adelante por los fiscales competentes. Se recordó a modo de semejanza que, en nuestro ordenamiento jurídico, se contempla, “la huelga”, la cual se encuentra debidamente reglamentada en cuanto a avisos, duración, para evitar convertir la misma en una agresión patrimonial al empleador, por lo que, si los piquetes se han transformado en una manera de hacerse oír por parte de determinados sectores de la sociedad, necesitamos tipificar penalmente estas conductas para encuadrar las mismas y que la justicia intervenga en favor de toda la ciudadanía sin pérdidas de tiempo. Es que, el nivel mediático y de politización con el que se manejan temas relacionados con la figura delictual prevista en el art. 194 del Código Penal (entorpecimiento de la vía pública), han terminado por desvirtuar el enfoque que se le debería dar y si repasamos lo que sucede en nuestra provincia, observamos que siempre la Justicia o no actúa o interviene con un retraso que vulnera profundamente los derechos a circular libremente de miles de ciudadanos. Peor aún, cuando la Justicia interviene en los cortes de ruta, pero ya para imputar a personas, por otros hechos ilícitos más graves o daños mayores a la integridad psicofísica, por lo cual, actualmente todo indica que los acontecimientos, deben pasar a mayores, para recién entonces, aplicar lo que hoy contempla el Código Penal y que no se relaciona con las conductas típicas de los piquetes y de ahí la existencia de un vacío legal que tiene que ser previsto.