En representación de la JUFEJUS, el ministro Alucín firmó convenio de cooperación con la Corte Suprema de Justicia de Paraguay

El encuentro tuvo lugar en la sede del máximo tribunal de Paraguay, en la ciudad de Asunción, y estuvo presidido por el titular de la Corte, Antonio Fretes, los ministros Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes y César Diesel y el doctor Alucín, designado por la JUFEJUS para suscribir el acuerdo interinstitucional.
Este convenio tiene la finalidad de establecer y definir un marco general de cooperación recíproco, en particular en asuntos que sean de interés común dentro de sus esferas de competencia y programas de actividades.
En tal sentido, se fijó un plan de trabajo para ejecutar programas, proyectos y actividades que estimen convenientes, los cuales podrán consistir, entre otras iniciativas, en la realización de estancias de estudios de un país en el otro, y la celebración de seminarios y reuniones entre responsables de la modernización de la administración de Justicia de ambas instituciones, tanto en su módulo presencial como virtual.
También está prevista la realización de actividades conjuntas que impliquen investigaciones, publicaciones y estudios que puedan contribuir a mejorar la eficacia y calidad en la organización y funcionamiento del sistema judicial.
Para cuestiones relativas a modernización y tecnología de los poderes judiciales, fue designado como encargado responsable, representando a la JUFEJUS, el ministro del STJ de Formosa, Ariel Gustavo Coll.

El plan de trabajo

El convenio tiene un anexo de seis cláusulas donde se establece como será el plan de trabajo a desarrollar inicialmente.
A través de las mismas, las partes se comprometieron a favorecer el intercambio de comunicación entre jueces y funcionarios judiciales de ciudades fronterizas, como así también a mantener reuniones para analizar temas de interés recíproco, siempre y cuando no sean asuntos que por su naturaleza queden reservados a sus respectivas cancillerías.

Del mismo modo, a partir ahora los tribunales de las zonas fronterizas están facultados a gestionar recíprocamente pedidos de asistencia, consistentes en actos de mero trámite, tales como notificaciones, intimaciones, emplazamientos y todo lo atinente a rendición de pruebas, conciliación y mediación.
En lo que respecta a solicitudes de asistencia vinculadas a medidas cautelares y cumplimiento de sentencias extranjeras, las mismas se cursarán de conformidad a las disposiciones de los convenios internacionales que así lo establezcan.
Al referirse a la importancia y alcances de este acuerdo, el ministro Alucín dijo que esto llevará a un de experiencia en lo que respecta a la capacitación de recursos humanos con lo que cuentan los poderes judiciales de ambos países, y a la vez sienta las bases para lo que va a ser la comunicación electrónica, ya sea de oficios, cédulas, exhortos, que antes se realizaba a través de la Cancillería y que insumía una cantidad de tiempo considerable, razón por la cual ahora vamos a lograr es que esos tiempos se acorten".
Agregó que "se va a garantizar el acceso a la Justicia a todas esas personas que por algún motivo de escasos recursos no pueden y también facilitar gestiones de paraguayos residentes en nuestro país ya que actualmente la Argentina cuenta con una población paraguaya de más de 2 millones de personas, de acuerdo al censo realizado en 2021”, explicó.
En el marco de la misma reunión y fuera de lo estrictamente relacionado con el convenio firmado, también se tocaron temas referidos a la problemática del tránsito fronterizo y los incidentes que esto acarrea, y a nivel nacional se planteó la necesidad de trabajar y apoyarse mutuamente en lo atinente a la investigación del crimen organizado, siendo vital en esta cuestión el cruce de información entre los poderes judiciales de ambos países.
Por otra parte, el doctor Alucín conversó con el ministro Eugenio Giménez Rolón, quien es el referente de los facilitadores judiciales en Paraguay, sobre los beneficios que para su país significó la implementación de este servicio desde el momento en que el desarrollo del mismo evitó la judicialización de causas y descomprimió el sistema judicial, sobre todo en zonas rurales donde el servicio adquirió mucha fuerza y relevancia a nivel comunitario.