Planes de ahorro impagables

La Defensoría continúa dando soluciones individuales según los casos e impulsa desde el año pasado una Acción Colectiva contra todas las empresas en búsqueda de una solución de fondo-

Continúan siendo numerosas las consultas de ahorristas que se ven impedidos de afrontar las cuotas de los planes de ahorro, circunstancia que se agrava aún más en el caso de las personas que ya han resultado adjudicatarias de los automóviles, por cuanto, la resolución contractual implica, lisa y llanamente, la promoción de un juicio de ejecución prendaria y el secuestro de las unidades. Además, tomamos conocimiento de fallos judiciales dictados en procesos iniciados por organismos públicos de otros puntos del país, ONGs que representan a consumidores y usuarios, asociaciones formadas por ahorristas y/o particulares, donde – en algunos-, como medida cautelar, se dispuso la reducción de cuotas partes, o bien, se retrotrajeron los precios a mayo o junio del año 2018.- Medidas provisorias que, en algunos casos, sufrieron un revés judicial en la instancia superior o, aun se encuentran en etapa recursiva. Con esto, queremos ilustrar a los damnificados que esta problemática aún no ha obtenido una resolución definitiva en el ámbito judicial, quedando aún, mucho camino por andar. Pero también, es importante que las propuestas de soluciones a este tema provengan de las mismas empresas que comercializan los automotores mediante el sistema de planes de ahorro, pues, como ya lo dijéramos, la falta de cumplimiento de los ahorristas -como masivamente ocurre-, además de afectar al eslabón más débil de la cadena-, también perjudica a las Administradoras de Planes de Ahorro, a la industria automotriz, a las empresas de importación, los empleados de la actividad y, en fin, a todos los que participan de una u otra manera en este sector de la economía. Por ello y, pese a la falta de colaboración exteriorizada por las Administradoras de Planes de Ahorro para fines Determinados durante la sustanciación de la Acción Colectiva de Consumo promovida por esta Defensoría del Pueblo y radicada en el Juzgado Civil y Comercial N° 2 de la Provincia, donde se han articulado un sinnúmero de planteos y excepciones -para evitar y/o dilatar una resolución de la justicia provincial-, estamos confiados en que las medidas que requerimos como objeto de la acción, en nada contrarían la naturaleza y finalidad del sistema, muy al contrario, hemos acudido a opciones que traerán un alivio a los consumidores y son jurídica y económicamente aplicables a los contratos en curso, por cuanto en un panorama económico similar, ya han sido puestos en marcha y claramente significaron una respuesta para el colectivo afectado. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, resaltó que, en defensa de los intereses económicos de los grupos afectados hemos peticionado la adopción de las siguientes medidas: A) que se prorrateen los aumentos en un número mayor de cuotas, para que los adherentes y adjudicatarios que acepten expresamente esta opción de diferimiento/prorrateo puedan abonar las mismas y evitar así las resoluciones contractuales. B) se elimine la aplicación de multas a los suscriptores y la reducción de las cargas administrativas en los casos de resolución. C) Que el precio del bien tipo en el sistema de ahorro sea el mismo valor que tiene esa unidad en el mercado, incluyendo las bonificaciones existentes. D) Que el premio de los seguros sobre los bienes adjudicados se adecue a los percibidos por operaciones ajenas al sistema de ahorro concertadas en el lugar de entrega de los bienes y la cobertura de riesgos exigible o, en su caso, se brinde la posibilidad a los adjudicatarios de optar por la contratación directa del seguro. E) Que se exima al adjudicatario en mora de pagar determinados gastos de cobranza extrajudicial y se le otorguen facilidades para cancelar los saldos de deuda, a los efectos de evitar la ejecución prendaria y una mayor afectación patrimonial del suscriptor y sus garantes. Finalmente, invitamos a todos los interesados para que reciban un correcto asesoramiento gratuito sobre esta y otras cuestiones a este Organismo de la Constitución, en forma personal en nuestra sede ubicada en Padre Patiño Nº 831, o a los teléfonos (370) 4436379, 0-800-444-1770 o bien, a través de los siguientes correos electrónicos: denuncia@formosa.gov.ar o depuefor@fibertel.com.ar.